‘Ley antilavado, una locura’

Lo anterior, resaltó, es una fragante violación a los derechos humanos de las personas.

“Porque hay derechos humanos a la intimidad, a la protección de datos personales y están establecidos en la Constitución, específicamente en el Artículo 7 y en tratados internacionales, que con estas reglas, olímpicamente se están ignorando”, consideró.

Además el fiscalista declaró que la función de investigar los delitos es exclusiva del Estado “porque así lo establece el Artículo 21 de la Constitución, pero ahora todos los ciudadanos seremos investigadores y policías porque tenemos que presentar cierta información ante el fisco cuando hacemos un negocio o vendemos algún patrimonio que exceda ciertos montos”, resaltó.

Pero eso no es todo, añadió “porque tendremos que adivinar si lo que vendemos es o no un delito; y si se considera que infringes la ley deberás de presentar un documento, pero si uno cree que no infringe se tiene que hacer otro papeleo”.

Además de lo anterior Ruiz estableció que las Reglas de Operación también señalan nueve anexos diferentes de acuerdo con el tipo de persona con el que realizas la acción.

“Un listado terrible de toda la información que tienes que recaudar y mandar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por cobrar, prestar o vender un servicio a alguien, y si no cumples con esta disposición se va a presumir que estás lavando dinero”, explicó.

Ahora bien, retomó que para que una autoridad te pueda exigir que le entregues información sensible debe de haber una orden escrita fundamentada y motivada, “cuando ahora cualquier particular te va a estar pidiendo datos personales, entonces ¿dónde queda esa garantía de derecho individual?”, cuestionó.

Finalmente el conocedor del tema citó un pensamiento de Adán Smith, “él decía que para que un sistema sea competitivo debe regirse bajo el principio de comodidad para los que aportan impuestos, y eso lo dijo en el Siglo XIX, situación que no creo que se dé a la fecha lamentablemente”, aportó.

Por todo lo anterior consideró que habrá terribles consecuencias al respecto. “Lo que sucederá es que el sector formal de economía tendrá más cargas administrativas y un impacto negativo en competitividad, algo que en lugar de permitirnos dar un paso nos retrocede”, opinó.

Lo que si creyó el fiscalista que sucederá es que habrá un aumento en la recaudación del SAT “pero a un costo social muy caro”.

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